Ing. Ph.D Vladimir Orsag
A pesar de algunas observaciones y sugerencias formuladas sobre esta ley por algunos sectores productivos y otros, es indudable que se trata de una norma muy importante para el país por los objetivos que se plantea, especialmente el que se plantea paliar y solucionar la crisis alimentaria que afecta al país
Uno de los factores fundamentales para el crecimiento de las plantas y la producción agrícola es el agua, su déficit o distribución aleatoria y caótica durante el periodo vegetativo puede restringir de gran manera la producción agrícola (alimentos y forrajes) y hacer que la agricultura sea muy riesgosa y arriesgada. Los cambios climáticos que se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años y que, entre otros factores, están provocando la disminución de las lluvias en los primeros meses del periodo vegetativo y el déficit hídrico (entre 5 a 7 meses) en las zonas semiáridas, áridas y sub húmedas del país, se constituyen en las limitaciones más importantes que en algunas zonas podrían inviabilizar la anhelada revolución productiva y soberanía alimentaria.
Ante esta situación, las autoridades nacionales y departamentales encargadas de impulsar estas políticas, están priorizando la construcción de presas para la captación de agua, obras de toma, conducción, perforación de pozos o en algunos casos mejorar los existentes. Estas acciones están orientadas a garantizar el suministro de agua a los cultivos, ampliar las áreas bajo riego y principalmente incidir en mejorar la productividad de las tierras de cultivo y los ingresos económicos de los agricultores y por tanto evitar de alguna manera la migración campo ciudad.
Sin embargo, es importante mencionar que algunos proyectos de riego ejecutados en gestiones anteriores han sido concebidos de manera puntual, sin considerar la visión de estos dentro de la cuenca, subcuenca o microcuenca en la que se encuentran, criterio que a la larga es fundamental para el manejo sostenible de los recursos hídricos y sus otros componentes. En la mayoría de esos proyectos se ha dado más énfasis a las obras civiles y no así al acompañamiento para impulsar el manejo del agua a nivel parcelario, gestión del agua, comercialización, transformación y otros.
Asimismo, en la etapa de diseño se puso más atención a la cantidad de este recurso y no tanto a su calidad, es decir no se tomaba en cuenta que en varias cuencias y subcuencas del país, las aguas muestran algunas limitaciones para su uso, ya sea por causas naturales o actividades antrópicas como la minería que se practica en el país desde hace siglos.
Diferentes estudios realizados sobre la calidad de las aguas en las cuencas del Altiplano y Pilcomayo – Beveridge (1983); Quintanilla (1987); Noras (1992); Plan Director Binacional del Sistema TDPS (1993); Orsag y Miranda (2000 y 2004), Quispe (2003), Proyecto Caminar IIQ 2008, en la cuencia del Altiplano y Castro y Puch (1998); Sandi (1998), Murillo (1998) y Michel et.al. (2006), y otros – indican que las aguas de estos ríos y algunos afluentes presentan contenidos importantes de sales y metales como plomo, arsénico, cadmio u otros. Esta situación, podría limitar de alguna manera las posibilidades de utilizar estos recursos de manera sostenible en futuros proyectos de riego u otros usos bajo circunstancias específicas.
Estos problemas si bien están afectando principalmente a las aguas, en caso de ser utilizadas para riego, también podría ir acumulándose paulatinamente en los suelos regados y luego podrían ser transferidos a los alimentos o forrajes (de acuerdo a su bio disponibilidad) y, luego, su paso al resto de la cadena trófica (animales o el hombre), podría ser solo cuestión de tiempo.
La acumulación de estos metales tóxicos en el cuerpo humano, es muy peligrosa, pues como es conocido algunos metales (principalmente mercurio, plomo, cadmio y arsénico), pueden causar a la larga una serie de enfermedades y daños al organismo debido a que no son biodegradables y se acumulan paulatinamente en los diferentes órganos, causando trastornos nerviosos, cambios genéticos, cáncer y otros males.
Ante estas dificultades que presenta la calidad de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) en algunas zonas del país, es fundamental que el gobierno nacional, departamentales o municipales que están encarando proyectos de riego, deben considerar con más detalle la calidad de las aguas y sus variaciones en el tiempo y espacio, durante el diagnóstico y elaboración de los mismos. Este aspecto, es aun mas importante si se toma en cuenta que el gobierno a través del Fondo Productivo y Social (FPS) y los programas Mi Agua I y II invertirá más de 1.570 millones de bolivianos para la ejecución de diferentes proyectos, con el fin de abastecer con este vital elemento a gran parte de los municipios del país y a sus poblaciones tanto para consumo humano como agrícola y ganadero (Agencia Boliviana de Informaciones ABI, enero 2013). Con la ejecución de estos proyectos se podrá cumplir con lo que manda la CPE (el acceso al agua es un derecho de las personas) y por otro lado alcanzar las metas del Milenio de Naciones Unidas entre las que destacan la eliminación de la pobreza extrema y el hambre hasta el 2015.
Como en gran parte de las cuencas y subcuencas en el Altiplano y Bloque Oriental del país, generalmente las zonas mineras comparten el mismo espacio que la agricultura y ganadería, se están o pueden generarse una serie de conflictos, no solo porque ambas compiten por los recursos (agua, suelos y otros), sino porque las actividades mineras y sus pasivos o de manera natural, están provocando, no solo la disminución de los recursos hídricos (superficiales o subterráneos) sino su deterioro para fines de riego, consumo animal y otros usos. Por otro lado, el uso de aguas de mala calidad para fines de riego, puede provocar que algunos metales u otros contaminantes se acumulen paulatinamente en los suelos, forrajes y alimentos y de esta manera afectar su calidad.
Los precios elevados de los metales y algunos minerales que en la última década ha resigraro el mercado internacional, ha provocado que las actividades mineras en la parte occidental del país se reactiven de manera sorprendente o se creen nuevas empresas (especialmente a nivel cooperativas y pequeñas empresas), donde los propios agricultores, dedican parte de su tiempo a la explotación de minerales de manera artesanal. Una muestra de ello es que la participación de las cooperativas en las exportaciones de minerales en el año 2012 se incremento de 31% a 38%, mientras que los cupos de las empresas privadas y la Comibol disminuyeron en este periodo (Mamani, Pagina Siete, marzo 2013).
No se puede dejar de mencionar que en la cuenca amazónica (Garzón, La Razón 2013), la explotación del oro por cooperativistas o pequeñas empresas se realiza de manera artesanal e informal, y como consecuencia de su menor capacidad financiera y técnica están contaminando los ecosistemas con mercurio provocando el deterioro de los recursos naturales, su biodiversidad (principalmente los peces que son una de las fuentes alimenticias más importantes de los pueblos ribereños). Según este autor, la Mercury Watch (enero 2013) coloca al país entre los países con más emisiones de mercurio por año (después de China y Colombia).
Por otro lado, la Agencia Gaia Noticias informa que la Coordinadora Nacional de Afectados por Minería (CNAM) viene implementando acciones para contrarrestar la contaminación que provocan las cooperativas mineras y demandando el cumplimiento a la actual Ley de Medio Ambiente. Según esta coordinadora las cooperativas mineras están incumpliendo con las normativas ambientales, y afectando el ambiente debido a sus aguas acidas y sobre todo vulnerando el derecho de las comunidades indígenas. Algunos estudios presentados en el II simposio Internacional del Lago Titicaca Sistema TDPS (Marzo, 2013), advierten se están presentando algunos problemas de contaminación debido principalmente a las actividades mineras que se practican en algunos de sus afluentes como el rio Ramis (Perú). De la misma manera los problemas que se están dando en la cuenca del rio Suchez (frontera de ambos países), por la explotación del oro, ya está poniendo en riesgo a sus aguas, sus bofedales y a la ganadería de esta importante zona. Este rio, que es uno de los principales afluentes de la parte boliviana, se constituye en un serio riesgo potencial para la contaminación del Lago Titicaca y las zonas aledañas debido a la intensificación de la minería de manera caótica y artesanal. A estas actividades se suman los desechos que generan sus poblaciones ribereñas, poniendo en riesgo su biodiversidad y a los alimentos (pescados) en algunas zonas específicas.
El rio Desaguadero como drena las aguas de este importante lago hacia la parte baja de la cuenca del lago Titicaca (Altiplano Central), es fundamental para la vida de esta region, ya que mantiene algunos ecosistemas como los bofedales (importante para la ganadería de la zona). Además alimenta a varios sistemas de riego que funcionan desde hace décadas en las provincias Aroma, G. Villarroel (La Paz) y T. Barron, Saucari, Cercado (Oruro). Por otro lado, este rio es fundamental para el mantenimiento del Lago Poopo y la sobrevivencia del pueblo originario de los Uru Muratos. Considerando las condiciones de déficit hídrico que existe en el Altiplano Central y los cambios climáticos, otro motivo que requiere gran atención por parte de las autoridades bolivianas – principalmente de la Cancillería y las gobernaciones de Oruro y La Paz – es la situación del rio Mauri (principal afluente del Rio Desaguadero), debido a que en la parte peruana de esta subcuenca transfronteriza existen importantes proyectos para seguir utilizando (desviando) sus aguas hacia la costa peruana. La disminución de los caudales de este rio por debajo de los actuales niveles, podrían crear graves problemas en el Altiplano puesto que los menores caudales que entrarían a la parte boliviana podrían ser de menor calidad e incidir en la disminución de los bofedales, calidad de sus forrajes y menor actividad ganadera y económica (Agua Sustentable IHH, IDRC CRDI, 2007). De la misma manera las zonas de riego en los departamentos de La Paz y Oruro que utilizan estas aguas, se verían afectadas en cuanto a superficies regables, riesgo de salinización/ alcalinización de suelos por la disminución de turnos o caudales (láminas de agua) para riego por familia, menores rendimientos e ingresos y otros. Estos impactos sobre el Altiplano Central, debido a la disminución de los recursos hídricos podrían impedir que se pueda encarar de manera sostenible la revolución productiva y la soberanía alimentaria.
Si bien, en la legislación ambiental vigente en el país (Ley 1333) existen parámetros sobre los niveles que deberían presentar los metales u otras substancias en las aguas, no existen niveles de referencia para los suelos del país, especialmente en lo que se refiere a metales pesados y otros. En ese sentido, es necesario que se impulse trabajos de investigación destinados a encontrar limites de referencia para nuestros suelos y principalmente para fines de riego y de esta manera no trabajar con limites de referencia de otros países, donde las condiciones de suelo, clima y cultivos son diferentes.
Ante estos problemas ambientales que se presentan en algunas zonas del Altiplano, Valles y Amazonia, y principalmente en sus recursos hídricos y considerando que la soberanía alimentaria además de la cantidad de alimentos considera también su calidad y la protección de los consumidores, es fundamental velar para que en estas zonas criticas tomen todas las medidas necesarias para lograr producir alimentos sanos y de calidad.
Para tal efecto, es fundamental contar con un Departamento Nacional de Monitoreo de la Calidad de las Aguas, a nivel nacional y departamental, para que se monitoreen continuamente la calidad de nuestras aguas y sus variaciones temporales y espaciales.
Para tal efecto se debe contar con laboratorios equipados con tecnología de punta, personal capacitado y con cargos institucionalizados, además es importante que estos laboratorios estén acreditados a nivel internacional.
Es fundamental que las empresas mineras y principalmente las pequeñas empresas y cooperativas cuenten con licencias ambientales y estén sujetos a mecanismos y sanciones necesarias en caso de que no cumplan la legislación vigente.
Para lograr una planificación adecuada y el uso sostenible de los recursos naturales, se debe impulsar el ordenamiento territorial de los municipios y para la gestión sostenible del agua es importante trabajar través del manejo integral de sus cuencas o subcuencas, contar con estudios de diagnóstico a nivel climático, biofísico y socioeconómico e información sobre sus caudales, calidad, variaciones en el tiempo y espacio, ofertas y demanda y otros, en consenso entre todos los actores involucrados.
Se debe impulsar la investigación de tecnologías limpias para la explotación de minerales y el paulatino reemplazo de las artesanales, para evitar la contaminación de nuestros ríos, suelos y cultivos con los desechos de la minería.
Por otro lado, para que los proyectos de riego sean sostenibles en el tiempo, es necesario que tengan un apoyo constante y acompañamiento en la parte productiva y organización de los regantes. También se debe trabajar con las autoridades locales en Ia gestión de la cuenca o microcuenca de manera integral, para evitar conflictos a mediano y largo plazo por el aumento de las demandas y contaminación de este recurso tan importante.
Es importante el fortalecimiento de la ALT (parte boliviana) tanto con un presupuesto adecuado como con personal profesional adecuado e institucionalizado para poder monitorear, controlar y manejar los RRHH del sistema Titicaca Desaguadero. Poopó y Salar de Coipasa (TDPS), de manera transparente y equitativa con la parte peruana.
La revolución productiva y soberanía alimentaria requiere investigaciones orientadas a mejorar los métodos de riego de acuerdo a las condiciones edáficas, climáticas, técnicas, socioeconómicas y ambientales y del cultivo para su uso eficiente.
Es necesario, por último, fortalecer a las organizaciones de productores, de regantes, y capacitarlos y concientizarlos para una participación más comprometida en aspectos productivos y manejo racional de los recursos naturales y el agua.
