Aseguran que dicho artículo, “es una clara muestra de la voluntad de su gobierno de trabajar por la soberanía alimentaria”, y expresan su confianza en que la norma marco “no sufrirá modificaciones y, de forma urgente, se estructurará la estrategia gubernamental orientada a revertir la producción de soya transgénica, el establecimiento de plazos, la definición de responsabilidades de acuerdo a funciones ministeriales y la legislación aprobada”.  A continuación el texto completo de la Carta Abierta:

Alianza para el consumo responsable y solidario… 

La Paz, 22 de noviembre de 2012

Señor:

Evo Morales

Excelentísimo Presidente

Estado Plurinacional de Bolivia

Presente.-

Excelentísimo señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Preocupados por versiones que dan cuenta que intereses ajenos al proceso de cambio han iniciado una campaña para modificar  la recientemente aprobada “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” de 12 de octubre de 2012, en lo relativo a incisos que hacen referencia a los cultivos transgénicos es que manifestamos lo siguiente:

Nuestra organización, así como todos los movimientos que buscamos este proceso de cambio, porque creemos en la consolidación de un modelo de desarrollo propio y respetuoso con nuestra Madre Tierra y los seres que la habitamos, respaldamos el Artículo 24, de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que contempla en sus incisos:  7. “Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”; 8. “Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica” y;  9. “Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación”.

Consideramos que dicho artículo, siguiendo la línea del espíritu constitucional, es una clara muestra de la voluntad de su gobierno de trabajar por la soberanía alimentaria comprendiendo que esta incluye:

La priorización de la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. El libre acceso a las semillas es imposible con transgénicos que tienen como primer objetivo el control de las semillas, utilizando el sistema de patentes y las normas del Sistema UPOV. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, y cómo y quién se los produce. El derecho del país a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas (dumping). Precios agrícolas ligados a los costos de producción, lo cuál será posible si como país o en unión de otros, Bolivia ejerce el derecho a gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas y si nos comprometemos en favor de una producción campesina sostenible, controlando el mercado interno para evitar excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria, lo que incluye las políticas y normas sobre acceso a recursos genéticos, transgénicos, investigación agrícola, políticas semilleras, de acceso a mercados locales y de incentivos al consumo local. El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

Los incisos mencionados de la Ley de la Madre Tierra ponen de manifiesto la intención de su gobierno de hacerle frente al agronegocio soyero, que con impulso de gobiernos nacionalistas (1952) y neoliberales (1990) lograron ventajas en el sector productivo con los bajos precios de la tierra, su fácil acceso, los casi nulos impuestos a la tierra y a las exportaciones, el subsidio estatal al precio del diesel (que se acerca al 50% del precio internacional) y el inexistente control ambiental. Constituyen un sector que se asume “pujante” pero sin embargo es responsable de la degradación, del cambio en el uso del suelo y del constante incremento de la deforestación, que alcanza a 300 mil hectáreas anuales en los últimos 3 años (ABT); de la extranjerización de la tierra y de la dependencia productiva y comercial campesina, ya que el 77% de los productores trabajan en parcelas menores a 50 has, el 21% en parcelas medianas de 51 a 1000 has y el 2% tiene más de 1000 has y corresponde a propietarios de origen extranjero (quienes detentan más del 70% de las tierras cultivadas en Santa Cruz). Estos son principalmente brasileños (quienes adquirieron 700 000 has en los últimos años), menonitas, argentinos (con 100000 has de reciente adquisición informal) y rusos.

La monoproducción en la que el agronegocio basa su sistema de explotación de los recursos naturales, deja impactos muy negativos y somete a los ecosistemas y a la población boliviana a serios riesgos de contaminación.  Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Bolivia importó 10.428,870 toneladas de plaguicidas en 2004, y 31.620.668 toneladas en 2010. En los últimos 10 años las importaciones nacionales de plaguicidas habrían aumentado en 150%, según la Fundación Plaguicidas Bolivia.

El agronegocio se despliega bajo un modelo que sustenta su auge económico a costa de la Soberanía Alimentaria Nacional y de campesinos e indígenas  que son los que realmente alimentan a la población del país y del mundo. Para 2007, de 1.821.631 de hectáreas cultivadas, cerca al millón correspondía a la producción de soya y otras oleaginosas, y las 800 mil restantes a caña de azúcar, algodón, trigo, arroz, maíz y otros cultivos alimenticios.

Mientras campesinos e indígenas se preocupan por alimentar a la población en los mercados nacionales locales en todas partes del territorio nacional,  el agronegocio sólo busca garantizar sus ganancias, sin preocuparse de los impactos que provoca en la salud de la población. No asume responsabilidad, frente a las evidencias que han aportado diferentes estudios científicos que dan cuenta del real impacto que el paquete tecnológico de los transgénicos provoca en la salud, tales como alergias, infertilidad, envejecimiento precoz, desregulación de genes, cambios y problemas hepáticos, renales y gastrointestinales, así como en los órganos reproductivos. Estas evidencias han sido reportadas también en los recientes estudios científicos desarrollados en Francia y avaladas por la Sociedad de Científicos Europeos.

No menos importantes son los estudios que evidencian que los transgénicos producen menos que los cultivos convencionales, y también menos alimento que nuestros sistemas indígenas y campesinos biodiversos. Y que la única razón por la que muchos  agricultores en muchas regiones del mundo siguen plantando transgénicos, es porque ya no tienen otra opción, y porque las mismas seis transnacionales que controlan los transgénicos son también las que venden las semillas convencionales y ya no ponen otras semillas en los mercados.

Es evidente que los objetivos del agronegocio, que tiene por fin la concentración de tierras y el lucro privado, no son los objetivos de la población boliviana, ni de nuestro Estado Plurinacional, por lo que confiamos en que la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien no sufrirá modificaciones y, de forma urgente, se estructurará la estrategia gubernamental orientada a revertir la producción de soya transgénica, el establecimiento de plazos, la definición de responsabilidades de acuerdo a funciones ministeriales y la legislación aprobada.

Más aún, Señor Presidente, que la misma Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien ha derogado directamente todos los artículos que permitían indefinidamente la producción, importación y comercialización de transgénicos contenidos en la Ley 144 y ha jerarquizado a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien como norma de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos (Art. 2). Por lo cual aquellos proyectos que se apoyaron en los artículos derogados que contradecían a la nueva ley deben cumplir con el Art. 24.

Para lo cual tiene nuestro incondicional apoyo y acompañamiento.

 

Cc:

Alvaro García Linera – Vicepresidente Estado Plurinacional de Bolivia.

David Choquehuanca Céspedes – Ministro de Relaciones Exteriores

Juan Ramón Qunitana – Ministro de la Presidencia

Carlos Romero – Ministro de Gobierno

Nemecia Achacollo – Ministra de Desarrollo Rural y Tierras

José Antonio Zamora – Ministro de Medio Ambiente y Agua

Teresa Morales – Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural

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