La OTCA se opone a la minería ilegal en la Amazonía

La región amazónica de una extensión de 7,4 millones de kilómetros cuadrados abarca más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta y constituye una zona rica en biodiversidad. La Amazonía es un territorio altamente vulnerable debido a la deforestación, la agricultura y la explotación ilegal de madera y minerales.

El Tratado de Cooperación Amazónica fue suscrito el 3 de julio de 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela con el fin de promover acciones conjuntas para el desarrollo armónico de la Cuenca Amazónica. En 1995 los ocho países decidieron crear la OTCA con el mandato de fortalecer e implementar los objetivos del Tratado.

Hace pocos días, la II Reunión de los ocho ministros de Medioambiente de la OTCA acordó en Lima fortalecer una agenda y un plan común para proteger a los bosques y a la biodiversidad de la Amazonía. Se definieron criterios de sostenibilidad del manejo forestal y se debatieron iniciativas para el monitoreo de la deforestación; el combate de incendios forestales; la gestión de recursos hídricos transfronterizos y el uso sostenible de la diversidad biológica.

Los representantes de la OTCA culminaron la reunión con una declaración que rechaza la minería ilegal, una amenaza común para los ocho países miembros de la organización, ya que las acciones de un país impactan en sus vecinos en la medida que comparten cuencas. El ministro del Ambiente de Perú Manuel Pulgar Vidal explicó que las naciones amazónicas sufren por las actividades de las dragas y por la contaminación de fuentes de agua con mercurio y otras sustancias tóxicas.

La Declaración de Lima incluye también acciones en materia de diversidad biológica y respeto a los derechos de las poblaciones indígenas aisladas, ciencia y tecnología, gestión del conocimiento, manejo integral de los bosques, gestión de recursos hídricos y otros asuntos de interés para la sostenibilidad de la Amazonía.

Perú y Ecuador declaran la guerra a mineros informales

El 19 de marzo, el gobierno peruano y la Federación de Mineros informales de la región de Madre de Dios firmaron un acuerdo luego de varios días de protestas y bloqueos de carreteras que dejaron un saldo de tres muertos y 55 heridos en esa región fronteriza con Bolivia y Brasil.

Miles de mineros artesanales bloquearon carreteras troncales en al menos cinco puntos del país en protesta por una serie de decretos y disposiciones gubernamentales que proscriben la minería informal, un delito penalizado hasta con 12 años de cárcel. El presidente del Poder Judicial César San Martín precisó que el delito de contaminación ambiental afecta a la comunidad en general y por eso es tan grave.

Las normativas crean el delito de minería informal, con sanciones penales de 10 años de prisión para quienes financien la minería ilegal u obstaculicen la fiscalización administrativa referida a la venta y distribución de insumos y maquinarias de extracción. La penalidad se agrava si los sancionados son funcionarios públicos o si emplean a menores de edad o a personas que resultan inimputables.

El gobierno peruano responsabiliza a la minería informal y a la búsqueda indiscriminada de oro del actual proceso de erosión que sufren ríos y afluentes donde se vierte mercurio y cianuro. En virtud de los nuevos decretos, queda prohibido el uso de dragas y de sustancias que contaminen fuentes de agua destinadas al consumo humano. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria comenzará a fiscalizar la venta de insumos químicos destinados a la minería ilegal.

El gobierno de Ollanta Humala advirtió que no daría marcha atrás en su ofensiva contra la minería ilegal que evade el pago de impuestos, explota a obreros y destruye el medio ambiente. El ministro de Defensa Alberto Otárola aclaró que no se pretende perjudicar a los mineros esclavizados por un “puñado de barones del oro” que dominan la actividad en Madre de Dios.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú aseguró que el gobierno se enfrenta a organizaciones mafiosas que financian la minería ilegal en 21 regiones costeras, serranas y selváticas del país, causando daños irreversibles al medio ambiente y la salud de la población de Carabayllo, Lima y enclaves en Puno, Madre de Dios, La Libertad, Piura, Chala, Nasca, Palpa.

Se estima que los mineros ilegales mueven más de dos mil millones de dólares al año, pero no pagan impuestos. Según estimaciones oficiales, unas 30 mil hectáreas de bosques amazónicos han sido afectadas por la explotación aurífera ilegal en Madre de Dios. A nivel nacional, las perdidas oscilan entre 250 y 500 millones de dólares anuales.

Los bloqueos contra las disposiciones antimineras interrumpieron el flujo vehicular en la carretera Panamericana que recorre toda la costa peruana desde Ica, Nasca, Palpa hasta Casma; en la región centroandina de Ayacucho, en Atico y Caravelí y en la región sureña de Arequipa.

Los indígenas peruanos se unieron al paro minero el 5 de marzo reclamando la derogatoria de las leyes que obligan a formalizar la minería en esa jurisdicción, y en favor de un justo trato en el proceso de formalización en base a un Régimen Especial de la Actividad Minera en Comunidades Nativas.

El 14 de marzo murió Francisco Areque Jipa de 38 años por un disparo en la cabeza durante las manifestaciones que se prolongaban ya por 10 días. El hecho ocurrió entre los jirones Ancash y Tacna, cerca a la Plaza Bolognesi, en Puerto Maldonado.

La Federación de Mineros informales de la región de Madre (FENAMAD) condenó al Ejecutivo y al presidente regional de Madre de Dios Luis Aguirre Pastor por su incapacidad para resolver el conflicto. “Por última vez, las comunidades nativas de Madre de Dios reiteramos que estamos a favor de la formalización, en contra de la ilegalidad, y demandamos un Régimen Especial para Comunidades Nativas”, recalcó el gremio en un comunicado.

El 19 de marzo, el gobierno y la FENAMAD firmaron un acuerdo luego de varios días de protestas que dejaron un saldo de tres muertos. Las autoridades dieron un plazo de un año para la formalización de los mineros irregulares, indicó el presidente de la organización Luis Otsuka. No obstante, el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales Gabriel Quijandría aclaró que si bien hay posibilidades de formalización para que un grupo de mineros, otros no podrán hacerlo porque operan en zonas naturales intangibles protegidas por el Estado.

Mientras tanto, el Ejecutivo peruano continuaba negociando con gremios mineros informales de otras regiones que bloqueaban en la localidad de Casma, a 370 kilómetros al norte de Lima. También hubo cierres viales en la localidad de Huarmey y en las regiones de Ica, Arequipa y Ayacucho.

El 25 de diciembre del pasado año, el Presidente Evo Morales anunció que examinará con Humala el problema de la contaminación que genera la actividad minera informal en la cuenca del río Suches. Un tramo de 95 kilómetros del torrente forma la frontera entre La Paz y la región de Puno.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa dio un ultimátum a quienes realizan minería ilegal en las provincias de Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo. “Si no terminan con la explotación ilegal, actuaremos con todo el rigor de la ley”, advirtió el mandatario el 17 de diciembre de 2011.

El pasado año, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa de Ecuador Homero Arellano reveló que en el norte de Esmeraldas existen unas 113 minas que contaminan los ríos Santiago y Bogotá, y los esteros María, Sabaleta y Tululibí. Un estudio realizado por la Misión Manuela Espejo determinó que la población de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo tienen mayor incidencia de discapacidad intelectual por culpa de la contaminación minera.

Correa enfatizó que su gobierno está con los mineros artesanales, “aquellos que con pico y pala arriesgan su vida para llenar la olla”, pero no con los grandes capitales que estafan a los campesinos, destruyen la selva con retroexcavadoras y envenenan los ríos con mercurio. Precisó que la minería ilegal no es la artesanal sino la de grandes capitales que estafan a campesinos con salarios de 160 dólares.

El presidente ecuatoriano recordó que en Esmeraldas se realizó una operación militar donde se destruyeron 70 maquinarias de la minería ilegal. “Han tenido la osadía de denunciarnos, pero les pondremos una demanda para que paguen 300 millones de dólares del daño ambiental causado”, advirtió.

¿Privilegios para las transnacionales?

Los críticos de la política antiminera peruana creen que el gobierno de Humala pretende desalojar a mineros informales para dejar el campo libre a las transnacionales, entre ellas la japonesa Mitsubishi Corporation y Anglo American que prevén explotar 225 mil toneladas anuales de cobre a partir de 2016.

La exportación de minerales, principalmente cobre y oro, representó casi el 60% del valor total de las ventas peruanas al exterior en 2011, es decir 27 mil millones de dólares. Lo más llamativo es que la producción está concentrada en menos de 20 empresas, según el político peruano Javier Diez Canseco.

Antamina y Cerro Verde produjeron el 52.62% del cobre en 2011; en el caso del oro, el 48.38% de la producción total correspondió a tres empresas: Yanacocha, Barrick Misquichilca y Buenaventura (socia también en Yanacocha) con participaciones de 24.52%, 17.36% y 6.5%, respectivamente.

“Existe una tremenda concentración de propiedad y de poder –no sólo económico sino político- en unas cuantas empresas. Esto se refuerza y queda en evidencia cuando se toma en cuenta que en el Perú existen 3904 titulares mineros registrados en el directorio del Ministerio de Energía y Minas”, resaltó Diez Canseco.

En Ecuador, la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad llegó a Quito el 22 de marzo para repudiar la política minera del gobierno de Correa, quien acaba de suscribir el primer contrato de explotación minera a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana.

Correa consideró que el principal problema de la Amazonía no es la minería sino la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. En ese sentido, aseguró que seguirá combatiendo a la minería ilegal y defenderá a la minería a gran escala que opera “con responsabilidad social y ambiental”, refiriéndose a la explotación del yacimiento de cobre Mirador a cargo de la china Ecuacorriente.

Según Correa, ese proyecto minero reportará 5.417 millones de dólares de ganancias a valor corriente, generará una renta para el Estado de al menos 52% y 12% entre regalías y utilidades para la provincia Zamora Chinchipe.

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