¿Agua para la vida o para la mina?

El mundo está lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en lo referido a la sanidad pública, y es muy difícil que alcance las metas acordadas en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000, dice el informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Las metas ODM definen los objetivos mundiales en cuanto a cobertura de servicios de salud, educación, capacidad de la mujer, sostenibilidad ambiental y reducción de la pobreza extrema y el hambre antes de 2015. Uno de los compromisos es que al menos el 75% de la población acceda a servicios básicos de saneamiento, pero a tres años del plazo solo el 63% de la población mundial cuenta con esos servicios, señala el informe de la OMS y Unicef.

El documento precisa que 1.100 millones personas, en su mayoría radicadas en zonas rurales, todavía defecan al aire libre: 626 millones en India, 14 millones en China y 7,2 millones en Brasil. El informe destaca que más de dos mil millones de personas lograron acceder a fuentes de agua entre 1990 y 2010, y a finales de 2010 el 89% de la población mundial (6.100 millones de personas) contaba con fuentes mejoradas de agua. De esta manera, se superó la meta establecida en los ODM, y se espera que la cobertura aumente hasta 92% en 2015.

A pesar del éxito, la OMS y Unicef llaman la atención sobre las enormes disparidades regionales: Acceden a fuentes de agua potable el 90% o más de los habitantes de América Latina y Asia, pero solo el 61% de la población de África subsahariana.

Según un estudio del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (BM), uno de cada cinco latinoamericanos (más o menos 120 millones de personas) no tienen acceso a un servicio básico de saneamiento, y alrededor de 40 millones aún defecan al aire libre.

En Centroamérica, varios expertos consideran urgente aumentar las inversiones en sistemas de tratamiento de aguas negras, pues la cobertura del área continúa por debajo del 20%. En Costa Rica, por ejemplo, más de 179 mil personas consumen agua contaminada con materia fecal y otras sustancias, reveló el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). [1]

Nicaragua registra la mayor cobertura en saneamiento de aguas residuales en Centroamérica, con un índice nacional de 49%. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) ejecuta el Programa de Agua y Saneamiento para Managua (Prasma), con un préstamo del Banco Mundial, que incluye 49 sistemas de agua potable, 17.723 nuevas conexiones para agua en 76 kilómetros de tubería, y unas 31.678 conexiones para aguas residuales domésticas en 122 kilómetros de redes. [2]

En Bolivia, el programa Mas Inversión para el Agua (MIAGUA) invirtió 104 millones de dólares en más de mil proyectos ejecutados en 330 municipios del país. Con esas obras, en 2011 Bolivia alcanzó el 78,5% de cobertura de agua potable, cumpliendo así una meta de los ODM.

La contaminación mata

Unicef informó que más de tres mil infantes mueren diariamente en el mundo a causa de enfermedades diarreicas. Según la OMS, el 10% de las enfermedades tiene relación con la mala calidad del agua y los servicios sanitarios.

La contaminación del agua potable y las aguas albañales son responsables del 25% de la mortalidad infantil en Asia, reveló la filipina Olivia La’O Castillo, miembro del Consejo Asesor del Secretario General de la ONU, en un simposio internacional del Programa Hidrología para el Ambiente, la Vida y las Políticas 2011 (HELP en inglés), celebrado en noviembre del año pasado en Panamá. [3]

Por falta de higiene y saneamiento, América Latina pierde cada año entre 2 y 7% de su Producto Interno Bruto (PIB), calcula el BM. Según ese organismo, la higiene contribuiría a reducir las tasas de diarrea en casi el 40% y en cerca del 23% la incidencia de infecciones respiratorias agudas, y por esa razón tiene comprometidos en proyectos de saneamiento básico más de 20 mil millones de dólares en más de 90 países, incluyendo 2.400 millones de dólares en América Latina durante el último decenio.

Sin embargo, los gastos del BM y de otros organismos públicos y privados en sistemas de provisión de agua limpia para seres humanos son ínfimos en comparación con las multimillonarias inversiones en proyectos de aprovechamiento de agua con fines industriales. En la actualidad, la minería metalífera tal vez es el principal factor de reasignación de dotaciones hídricas en todo el planeta. Se caracteriza por ser una actividad fuertemente globalizada, controlada por pocas transnacionales, y por consumir enormes cantidades de agua. [4]

Las industrias extractivas de minerales e hidrocarburos están directamente involucradas en la degradación de fuentes de agua y tierras en todo el mundo. El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales informó que de los 320 casos de violación a los derechos humanos reportados en 2009-2010, el sector más denunciado fue el de las industrias extractivas con un 28% de menciones. [5]

En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales. Destacan los casos de México, varios países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; y en Suramérica Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) actualmente hay 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas en toda la región. [6]

En 2011 se reportaron más de 469 denuncias de daños ambientales en Costa Rica y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) abrió casi cuatro mil expedientes nuevos en la última década. La mayoría de las causas iniciadas el año pasado fueron por afectaciones a áreas protegidas (159), por tala de árboles (55), daños a humedales (45), y tratamiento deficiente de aguas residuales (38), entre otros conflictos ambientales.

En noviembre de 2011, académicos y activistas hondureños lanzaron una denuncia internacional contra la minera canadiense Goldcorp por atentar contra la vida de las poblaciones de los municipios Cedros, San Ignacio y El Porvenir, situados en el valle de Siria, departamento Francisco Morán. Estudios forenses de 2007 demuestran que los habitantes de los tres municipios tienen la sangre contaminada con elevados niveles de cianuro, plomo, mercurio y arsénico. [7]

En República Dominicana, la Academia de Ciencias recomendó al Ministerio de Medio Ambiente rechazar el proyecto minero de la transnacional Falcondo Xstrata Níckel en Loma Miranda, provincia de La Vega, que pondría en peligro una cuenca donde se originan ríos y manantiales que suministran agua potable a los valles de Bonao y La Vega. [8]

El Primer Encuentro Boliviano en defensa del medio ambiente y la Madre Tierra, celebrado en agosto de 2011 en la localidad de Challapata, expresó su rechazo rotundo a la explotación minera en la cuenca del río Desaguadero y Lagos Uru-Uru y Poopó. Diversos estudios confirmaron que solo en la sub cuenca de Huanuni hay por lo menos 800 familias afectadas por la contaminación, sin contar los hogares de otras sub cuencas como Cañadón Antequera, Poopó y Desaguadero. En 2009 el gobierno de Evo Morales decretó emergencia en Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó por la “inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de suelos”.

En Perú se registran importantes conflictos entre empresas mineras y agricultores por el uso del agua; los casos más explosivos son la expansión de la minera Yanacocha, conformada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, y el uso de aguas subterráneas en Piura. El proyecto Conga de Yanacocha pretende secar cuatro lagunas para extraer oro y trasvasar las aguas a reservorios artificiales en el departamento de Cajamarca. Una violenta protesta popular obligó a postergar el inicio de obras. También por la presión popular, desde 2009 están detenidas las operaciones de la compañía Doe Run Perú en Junín, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El 9 de febrero de 2012 llegaron a Lima cientos de campesinos, indígenas y activistas sociales para exigir al gobierno de Ollanta Humala que modifique su política minera. La Marcha Nacional del Agua, iniciada en Cajamarca, pidió la anulación del proyecto minero Conga, la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras de cuenca y la prohibición del uso del cianuro y el mercurio en actividades mineras. La protesta popular obligó al gobierno a exigir a las empresas medidas de mitigación para contrarrestar la contaminación del medioambiente, y a establecer un nuevo sistema de control de insumos químicos empleados en la actividad minera ilegal. [9]

La minería a gran escala también causa serios problemas en América del Norte. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la minería contaminó más del 40% de las cuencas hidrográficas en el oeste de ese país.

Un reciente informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) detalla los niveles de contaminación de las cuencas de los ríos Bravo y Columbia, dos importantes sistemas fluviales transfronterizos de América del Norte. El estudio documenta las emisiones y transferencias de 5.700 millones de kilogramos de contaminantes generados por establecimientos que presentan informes a los programas de registro en Canadá, Estados Unidos y México (RETC). [10]

En 2006, los establecimientos industriales de América del Norte transfirieron directamente a aguas superficiales más de 228 millones de kilogramos de contaminantes, y al menos 133 millones de kilogramos de contaminantes a sistemas de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales. Tan sólo dos compuestos (nitratos y amoniaco) representaron el 90% del volumen total de las 256 sustancias químicas emitidas a aguas superficiales.

En abril de 2011, miles de litros de fluidos tóxicos remanentes de fracturas hidráulicas fueron vertidos en vías fluviales en el condado de Bradford, estado de Pennsylvania, tras la explosión de un pozo de gas natural de la compañía Chesapeake Energy, informó la cadena de radio y televisión Democracy Now. [11]

Por otro lado, una comisión estatal de Texas aprobó nuevas normas que permitirían a 36 Estados norteamericanos enviar residuos de bajo nivel radioactivo a un emplazamiento privado, ubicado sobre el acuífero Ogallala, que se extiende de Texas a Dakota del Sur, y suministra agua potable a casi dos millones de personas. La planta es de propiedad de un destacado recaudador de fondos republicano, destacó Democracy Now.

La EPA anunció en febrero de 2012 que impondrá límites a los niveles permisibles de varios productos químicos tóxicos y cancerígenos en el agua potable. No obstante, la administradora de la EPA Lisa Jackson aclaró que la disposición tardaría entre tres y cuatro años en hacerse realidad.

Notas:

[1] Un estudio realizado entre 1996 y 2010 confirmó que de 321 fuentes de agua superficiales utilizadas para consumo humano, 273 están contaminadas. Las fuentes que carecen de plantas de tratamiento se encuentran principalmente en San José y Puntarenas, y de ellas 220 pertenecen a asociaciones administradoras de acueductos, 29 son administradas por las municipalidades, 19 por el AyA, y otras cinco por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

[2] Más de 9 mil obras ejecuta Nicaragua para mejorar la retención y el uso del agua con fines agrícolas y domésticos. Entre las inversiones figuran presas, represas, pozos y reservorios que recogen agua de lluvia. El Instituto de Desarrollo Rural trabaja en 8.782 instalaciones, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo otras 307.

[3] El programa HELP opera en 91 cuencas de 67 países. Por otro lado, Unicef invertirá este año en Angola 1,2 millones de dólares en servicios de salud, agua, educación y saneamiento ambiental. Según la ONU, en ese país africano la tasa de mortalidad antes del primer año de vida es de 115,7 por mil nacidos vivos y 193,5 por cada mil menores de cinco años.

[4] Agua y minería transnacional, Horacio Machado Aráoz, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011033103

[5] Para citar solo un caso reciente, a mediados del año pasado la compañía química Zhejiang Jinzhili Chemicals, con sede en la provincia Zhejiang de China, fue acusada de verter 12 compuestos químicos contaminantes al río Tiaoxi. Dos plantas de tratamiento de agua tuvieron que detener el suministro del preciado líquido en el distrito de Yuhang con una población de más de 848 mil habitantes. El suceso ocurrió pocos días después de otro hecho similar en el río Xin’aan, en la misma provincia, protagonizado por un camión cisterna que transportaba fenol. Por otro lado, en 2011 el gobierno de Mozambique suspendió una concesión aurífera de la empresa sudafricana Mamba Minerals en la provincia de Manica, tras comprobar que estaba contaminando el río Rovué.

[6] Entrevista a la socióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa, Fernado Arellano Ortiz, Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET

[7] La transnacional se instaló en Honduras en 2000 y cerró operaciones en 2008. Investigaciones previas determinaron que la mina utilizó diariamente alrededor de 60 mil galones de agua.

[8] Xstrata Níckel, cuarta compañía mundial en la explotación de níquel, pretende explotar en las nacientes de los ríos La Piedra, El Pino, Jumunucú, Jayaco, Jima y cientos de manantiales, cañadas y arroyos. La región juega un rol importante en el ciclo hidrológico y en la regulación del clima en República Dominicana.

[9] El 4 de marzo el gobierno peruano anunció que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) controlará y fiscalizará el ingreso, permanencia y transportación de productos tóxicos, así como su distribución en territorio nacional. Se considerará transporte ilegal todo aquel traslado de materias químicas que no cuente con documentación respectiva. Sunat incautará los productos y medios de transporte utilizados, y si estos son contrarios a la salud pública, al medio ambiente o su tenencia esté prohibida, serán destruidos. Además, el ilícito fue tipificado en el Código Penal con una pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.

[10] Arturo Delgado, Revista Ecología Radical: www.ecologiaradical.com.mx 16

[11] En un reciente informe, senadores demócratas advirtieron sobre el peligro para la salud humana de 29 químicos utilizados en esas perforaciones, los cuales son considerados cancerígenos. Las compañías mantienen en secreto la lista de químicos que utilizan; una de ellas es Halliburton, la cual cimentó el pozo Macondo que estalló y provocó el derrame de crudo en el Golfo de México en 2010, recordó Democracy Now.

Con información de Prensa Latina, Democracy Now, Fobomade, Ecoportal, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra y Rel-UITA.

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