Varias protestas en distintas regiones de Perú en rechazo a proyectos mineros avivan hoy la polémica en torno a la pertinencia de esa actividad económica y de subsistencia frente a la protección ambiental. Las autoridades locales coinciden en la necesidad de que los inversionistas garanticen las condiciones para evitar perjuicios a la naturaleza y las poblaciones aledañas. El Ejecutivo accedió a dictar un decreto de prohibición de la minería informal y de cualquier actividad minera en las cabeceras de los ríos.

Desde el 14 de noviembre persiste una huelga general contra la actividad minera en la región de Apurímac, mientras otros conflictos continúan latentes.  El Comité de Lucha de la provincia de Andahuaylas, que dirige las protestas, desconoció un acuerdo firmado con el gobierno semanas atrás, por lo que la protesta continuó con bloqueos de carreteras exigiendo un decreto que proscriba las actividades mineras en las dos provincias.

En Moquegua, al suroeste del país, los habitantes se oponen a la inversión del proyecto Quellaveco, temiendo daños a la agricultura local. Por otro lado, Cajamarca es escenario de manifestaciones por la contaminación de las reservas acuíferas que generaría la extracción aurífera y cuprífera, en detrimento de 32 pueblos. El frente de organizaciones regionales dio un plazo de dos semanas al gobierno para que dicte medidas de protección de los recursos hídricos y se abstenga de aprobar proyectos mineros que depredan el ambiente.

Desde el 24 de noviembre, la población de Cajamarca en Perú cumple un paro indefinido en contra del proyecto minero Conga y en defensa de las fuentes de agua de la región. Se trata del mayor conflicto social enfrentado por el presidente Ollanta Humala desde que asumió el cargo el 28 de julio, reportó la agencia Prensa Latina.

El 17 de noviembre, el presidente Humala dio luz verde al emprendimiento y descartó revisar el proyecto que data de 2004. “No podemos entrar a posiciones extremas y eso hay que hacer entender a la población”, explicó en alusión al rechazo de agricultores que temen que el proyecto contamine fuentes de agua y dañe al medio ambiente y a la actividad agrícola.

Yanacocha, en la que participa la estadounidense Newmont, opera en Cajamarca la mina de oro más grande de Latinoamérica. Allí prevé secar dos lagunas para extraer oro, y secar otras dos para usarlas como depósitos de relaves y desmontes. Tiene previsto invertir 4.800 millones de dólares en Conga y dice que el proyecto le dejará a Cajamarca al menos 800 millones de dólares por canon y regalías.

Según el gobernante de la región Gregorio Santos, duro crítico del proyecto e impulsor de la huelga, “no hay ninguna posibilidad de que Conga u otros proyectos mineros se integren al plan de desarrollo regional de Cajamarca”.  En esa zona hay actividad minera desde hace 19 años y el saldo es la destrucción de las fuentes de agua, de las cuales la firma Yanacocha gasta 900 litros por segundo.

Tal situación afecta a la agricultura y la ganadería, principales actividades de la región y que constituyen 77% de la economía local. La minería, en cambio, no ha impulsado el desarrollo de Cajamarca, que ocupa el cuarto lugar en el cuadro de las regiones más pobres del país.

El 24 de noviembre, Humala llamó a la “cordura y al diálogo a nivel nacional, la mejor forma de construir desarrollo”, pero también criticó el comportamiento de las mineras que no han cumplido el rol social de atender a las comunidades de su entorno. Indicó que tal situación de abuso ha generado un clima de desconfianza que “nos polariza y nos divide entre oro o agua”. “Necesitamos resolver eso, porque ambos son regalos de Dios, lo que pasa es que uno ha abusado del otro y ha generado pobreza y extrema pobreza. Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez”, planteó.

Consideró que el primer paso hacia una nueva relación con la minería es la creación de un impuesto a las sobreganancias para ayudar a las comunidades; “necesitamos cobrarles lo justo y que no se aprovechen de nosotros”, dijo. Al día siguiente, ratificó el compromiso de transformar y diversificar la economía de su país, para que no dependa de una sola actividad, en alusión a la minería.

Humala señaló que Conga dará recursos para la “gran transformación” y los programas sociales del gobierno. “Tenemos que proteger a las comunidades, sus recursos naturales y también las actividades productivas”, dijo. “No es cierto que el proyecto Conga vaya a financiar la gran transformación; no es una alternativa para las comunidades”, respondió Santos, tras lamentar las declaraciones del presidente que “no contribuyen a generar el ambiente de diálogo” y favorecen a intereses empresariales.

Crece la protesta antiminera

En la última semana, miles de manifestantes se desplazaron a la provincia de Celendín, a orillas de la laguna El Perol, una de las fuentes de agua que serían depredadas por la explotación de oro. El paro en Cajamarca afectó las actividades educacionales, comerciales y financieras, así como al transporte urbano e interprovincial. El aeropuerto de Cajamarca suspendió sus actividades en el quinto día de paro.

El viceministro de Gestión Ambiental José de Echave renunció en medio de la protesta, considerando que el gobierno no cuenta con una “estrategia adecuada para enfrentar los conflictos sociales”. El renunciante discrepa con el reciente anuncio sobre la creación de una autoridad dentro del ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros que verá temas de fiscalización ambiental y estudios de impacto ambiental.

“Creo que ese anuncio no ayuda a construir y consolidar una autoridad (ambiental) fuerte, importante, como era lo que se pensaba hacer, más aún en un país donde la principal fuente de conflictos sociales tiene que ver con temas ambientales. Me da la impresión que no va en la buena dirección”, explicó Echave en conversación telefónica con la agencia AP.

Echave dimitió poco después de que el Ministerio del Ambiente emitió un reporte en el que objeta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, que “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

El congresista Javier Diez Canseco, de la bancada del bloque gobernante Gana Perú, respaldo la posición del ministro del Ambiente Ricardo Giesecke, en el sentido de que se revisen los estudios de impacto ambiental. Diez Canseco puso en duda que esos estudios garanticen la preservación del medio ambiente y los recursos hídricos, por lo que deben ser revisados.

El ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi calificó de “tremendista” y fatalista el informe. Sin embargo, el ministro Giesecke afirmó que la finalidad del informe no era oponerse al proyecto sino que el estudio de impacto ambiental sea mejorado.

En una carta pública enviada a Humala, decenas de intelectuales de Perú y América Latina manifestaron sus “seria preocupación por las graves consecuencias ambientales, sociales y sanitarias del proyecto minero Conga del consorcio Minera Yanacocha-Newmont Mining Corporation”.

Según el colectivo ciudadano, “por su localización en la cabecera de por lo menos cinco sistemas hidrográficos, la excavación de tajo abierto en cuestión constituye un serio peligro para la salud humana, el medio ambiente, la actividad agropecuaria y empresarial tanto de las poblaciones aledañas como de los asentamientos urbanos y rurales beneficiarios de este frágil y complejo sistema acuífero”.

Con más de mil pasivos ambientales mineros, la población y el medio ambiente de Cajamarca son uno de los más castigados de todo el país por la actividad extractiva. Considerando este historial, la vital importancia del agua para el desarrollo sostenible y la soberanía alimenticia del país, los firmantes solicitan al gobierno peruano la suspensión inmediata del proyecto, dice la carta ciudadana.

“La suspensión del proyecto Conga, Sr. Presidente, se ajusta con su compromiso de transformar el país de manera inclusiva y respetuosa de las decisiones y pareceres de todos sus ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de aquellos y aquellas históricamente excluidos y marginalizados. A medida que la crisis ambiental y el calentamiento global reducen críticamente las fuentes de agua, su protección y preservación son además cruciales para la defensa de la soberanía nacional. Al desplazar a las comunidades campesinas originarias el proyecto Conga amenaza también las tecnologías y conocimientos agropecuarios y de manejo ambiental ancestrales cruciales para la formulación de las estrategias de desarrollo autónomo y sustentable que permitan al país confrontar los efectos del cambio climático, superar la dependencia económica y cultural asociada al modelo exportador-extractivista”, explican los firmantes de la carta.

El 28 de noviembre, la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) convocó a una marcha antiprivatista y de apoyo al paro en Cajamarca. El secretario general de la CGTP Mario Huamán dijo que la marcha llegará hasta el parlamento para pedir a Humala que cumpla la promesa electoral de anular la concesión del puerto de Callao a intereses privados, y que rectifique su apoyo al proyecto Conga.

Ese día, Humala descartó viajar a Cajamarca, como exigen los pobladores. “No está pensado viajar hoy, pero sí está pensado viajar si las condiciones (de seguridad) están dadas. Queremos explicarles el nuevo esquema de ‘mineria responsable’”, declaró el presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghitis a la agencia DPA.

En el sexto día de paro fueron incendiadas las oficinas del proyecto Conga en la localidad cajamarquina de Celendín, y una veintena de personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego.

El 29 de noviembre en la noche, la empresa Yanacocha comunicó a la opinión pública que, “a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezcan la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto”.

En el comunicado público, la compañía asegura que es consciente de los desentendimientos y enfrentamientos que ha tenido con la población cajamarquina en el pasado, por lo que dice haber asumido la responsabilidad de retomar esa relación y recuperar la confianza ciudadana. “Reiteramos que haremos nuestro mejor esfuerzo y acataremos todas las exigencias del gobierno del presidente Ollanta Humala por una minería responsable”, agrega.

El pronunciamiento empresarial añade que acatará igualmente los planteamientos del Ejecutivo para una nueva relación entre las empresas mineras y la población, y se compromete a facilitar el restablecimiento del diálogo y la recuperación de la confianza.

Sin embargo, el paro general continúa en Cajamarca. El presidente regional Gregorio Santos y el presidente del Frente de Defensa Ambiental Wilfredo Saavedra anunciaron que la huelga continuará con el apoyo de regiones vecinas. Ambos dirigentes señalaron que la suspensión del proyecto Conga carece de significación, y exigieron un decreto gubernamental que deje sin efecto el proyecto, única salida a la crisis.