El 23 de agosto el Congreso peruano inició el crucial debate de la Ley de Consulta a los pueblos nativos sobre decisiones políticas, económicas y administrativas que afecten su hábitat, una norma reclamada por organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y varias instituciones de derechos humanos, y que se basa en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Perú en 1994, hace 16 años.

La Ley fue aprobada por el Legislativo en mayo de 2010, pero el gobierno del ex presidente Alan García la vetó y la devolvió al Congreso para que precise el alcance de la consulta, de modo que no se convierta en un “obstáculo” para el “desarrollo” peruano.

Finalmente, el Congreso aprobó la Ley el martes de esta semana por 113 votos a favor y ninguno en contra, y también una disposición que deroga cinco normas contrarias a lo establecido por la Ley de Consulta. El vocero de la bancada de Gana Perú Freddy Otárola rechazó alegatos empresariales y conservadores que reclamaron, como García en su veto, que la consulta a los nativos no sea vinculante. “Para qué consultarles entonces si después no se les va a hacer caso”, sentenció al recordar que el Estado peruano está obligado a la consulta previa a los nativos, por ser firmante del Convenio 169 de la OIT.

El artículo segundo de la Ley establece que “es derecho de los pueblos indígenas u originarios ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos, su existencia física, su identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos”.

El artículo 15 del texto señala que “el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos”.

Entre sus disposiciones transitorias y complementarias, la Ley establece que el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura será el órgano técnico especializado en materia indígena. Además, se deroga el Decreto Supremo 023-2011 del Ministerio de Energía y Minas, dictado por el gobierno anterior, que aprobó el reglamento de procedimientos para la aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas para las actividades energéticas.

Los movimientos sociales consideran que la Ley era necesaria para evitar conflictos por concesiones mineras, petroleras y forestales otorgadas sin tomar en cuenta a los indígenas. La mayoría de los conflictos sociales actuales se debe a que esas concesiones son rechazadas por los moradores de áreas afectadas por emprendimientos que depredan el ambiente y las fuentes de agua.

La demanda de la ley ha motivado numerosas protestas, siendo la mayor la registrada en junio de 2009 por los indígenas amazónicos y que derivó en graves incidentes en los que murieron 23 policías y 10 civiles. La Defensoría del Pueblo tiene registrados 118 conflictos socioambientales y la cifra es más de la mitad de los 214 conflictos sociales vigentes.

Celebración

Las organizaciones indígenas de Perú, instituciones sociales y organismos internacionales manifestaron su satisfacción por la rápida y unánime aprobación de una ley que, según el gobierno, acabó con la política de la administración anterior en la materia. El congresista nativo del bloque gobernante Gana Perú Eduardo Nayap Kinin, de la etnia amazónica awajún, felicitó al Congreso por lo que llamó un acto de patriotismo que es un avance hacia la inclusión social, emblema del nuevo presidente Ollanta Humala.

Freddy Otárola dijo que su fuerza política cumplió la promesa electoral de que la Ley de Consulta sería la primera en aprobarse bajo el nuevo gobierno y dijo que la norma permitirá la presencia del Estado en los pueblos originarios. El ministro del Ambiente Ricardo Giesecke dijo que la nueva ley pone una lápida a la tesis del "perro del hortelano" (que no come ni deja comer, según un viejo dicho) del ex presidente García, que despreciaba a los indígenas y la defensa de su hábitat como enemigos del progreso.

Giesecke dijo que esa política, que propugnaba entregar las tierras de los nativos, fue enterrada con la elección del presidente Humala y el Congreso le puso una lápida al aprobar la Ley de Consulta que el ex mandatario rechazaba. La autoridad aseguró que la norma impedirá conflictos socioambientales provocados por concesiones mineras y petroleras inconsultas, criterio con el que coincidió la ministra de la Mujer Aída García Naranjo.

La OIT y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) saludaron la aprobación de la Ley de Consulta. Según la directora de la OIT para los Países Andinos Carmen Moreno, “la aprobación por unanimidad envía una señal política importante sobre el interés por respetar los derechos de los pueblos indígenas y por instituir el diálogo como un mecanismo en busca de acuerdos beneficiosos para el país”.

La CAOI señaló en un comunicado que la norma es la primera que se aprueba en la subregión andina y recordó que actos similares están en debate en Bolivia, Colombia y Ecuador. El dirigente de esa organización Miguel Palacín planteó evitar que la flamante legislación se convierta en una coartada para legitimar proyectos ya establecidos en territorios comunales o normas adversas a los nativos.

Indígenas y sus organizaciones se mantienen vigilantes

La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) celebró como una conquista la aprobación de la Ley de Consulta Previa, y señaló que es un paso importante para el reconocimiento de los saberes, condiciones, necesidades y protección que demandan los pueblos indígenas, víctimas durante siglos del atropello estatal, en particular en el gobierno de Alan García.

El presidente de Aidesep y líder de la vasta protesta selvática de 2009 contra las concesiones petroleras, mineras o forestales en sus territorios y por el derecho a la consulta previa a los nativos, Alberto Pizango, señaló que la aprobación de la ley es un gran punto de partida para el nuevo gobierno peruano.

Sin embargo, Aidesep pidió no caer en triunfalismos pues quedan pendientes el reglamento y la reestructuración de las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley y consultar a los pueblos originarios.

Hay que “estar vigilantes para asegurar su debida implementación y evitar que esta ley se convierta en una coartada para legitimar proyectos en territorios comunales o normas legales o administrativas adversas”, recomendó el coordinador General de la CAOI Miguel Palacín Quispe.

Palacín planteó también que “quienes ingresaron inconsultamente a sus territorios salgan de ellos y reparen los daños causados”, en referencia a las concesiones mineras, petroleras y forestales otorgadas por gobiernos anteriores en territorios nativos sin consulta previa.

Con información de PL, EFE y Bolpress.