La firma de ambos créditos  estuvo a cargo de Susan Goldmark, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela en representación del organismo multilateral, y por la ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro de parte del gobierno boliviano. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de implementar proyectos en los que los mismos beneficiarios son los que participan en su gestación. 

"He firmado muchos créditos en mi vida profesional, pero es la primera vez que los beneficiarios están involucrados desde el mismo comienzo, lo cual es extraordinario”, destacó Goldmark. Por su parte, Caro dijo a los campesinos que “estos son proyectos que ustedes nos han demandado y que se han dado sobre la base de sus propias organizaciones sociales y comunidades, por lo tanto ustedes tienen una gran responsabilidad sobre ellos”.

“Agradecemos al Banco Mundial por estos financiamientos que serán utilizados en favor de las organizaciones campesinas. Como Ministerio de Desarrollo Rural queremos garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población”, afirmó la ministra de Desarrollo Rural Nemecia Achacollo.

Goldmark reiteró el respaldo del Banco Mundial a la agenda de  desarrollo del gobierno boliviano, destacando que “se está fortaleciendo la alianza estratégica que en 2006 se complementó  con la condonación de alrededor de US$1.500 millones a Bolivia y que permitió incrementar nuestro  portafolio que hoy tiene 13 proyectos activos y asciende a casi US$450 millones”.

Con el fortalecimiento de la capacidad del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), el reforzamiento de los programas de asistencia técnica a los productores (disponibilidad de nuevas tecnologías) y la inversión en la recolección y conservación de los recursos genéticos (semillas), el PISA pretende potenciar la generación de ingresos de las familias bolivianas que dependen de actividades agropecuarias y forestales.

El financiamiento total de este proyecto es de US$ 52,9 millones  (US$39 millones por parte del BM, US$ 9 millones por parte del Gobierno de Bolivia, US$ 2.6 millones por parte del Gobierno de Suiza y US$2.3 millones del Gobierno de Dinamarca.

Por otra parte, el PICAR contribuirá a mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles en diversas de las áreas más pobres y vulnerables del país. Trabajará en las comunidades rurales más desfavorecidas de 51 municipios de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Estas comunidades identificarán, prepararán, implementarán y sostendrán sub proyectos de desarrollo que respondan a sus prioridades, partiendo del enfoque del desarrollo gestionado por ellas mismas. Se espera que la mayoría de las iniciativas comunitarias se orienten a fortalecer el acceso al agua, sea para uso humano o agrícola, y la reducción de la vulnerabilidad.

El PICAR, cuyo financiamiento total será de US$43 millones (US$40 millones por parte del BM y US$3 millones por parte de las comunidades), será la primera operación de gran magnitud en Bolivia que recurre a la transferencia directa de fondos de inversión a las comunidades rurales para su gestión propia. Además, las comunidades podrán beneficiarse de un segundo proyecto siempre y cuando esté identificado por sus mujeres.

El 33 por ciento de la población total del país vive en las áreas rurales, a menudo con estándares de vida bajos. El Informe de Desarrollo Mundial 2008 (Banco Mundial) estima que 80% de la población rural vive debajo de la línea de pobreza de US$ 1.25 por día, y que 64% vive en extrema pobreza. El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, educación y servicios de salud a menudo es muy reducido.

El sector agropecuario emplea el 90% de la población rural económicamente activa. El sector contribuye entre el 13% (agricultura primaria) y el 27% del PIB (incluyendo agroindustria). Mientras que la contribución al PIB en Bolivia es el doble del promedio de América Latina, los rendimientos son significativamente más bajos que en los países vecinos.

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