“Hay muchos recursos sin uso que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad […] o por la ley del perro del hortelano, que reza: ‘Si no lo hago yo, que no lo haga nadie’”: Alan García, presidente de Perú (2006-2011), El Comercio, 28 de octubre de 2007.

“Puede haber retórica bonita que […] repiten ciertos dirigentes indígenas. […] No podemos mantener [esas] posiciones extremistas. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Esos fundamentalismos, esos dogmatismos tan solo nos inmovilizan”: Rafael Correa, presidente de Ecuador, Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes de la ALBA, Otavalo, 25 de junio de 2010.

“Pienso que cuando se habla de un proyecto de tal envergadura, probablemente deberían discutirse las cosas con más calma. […] No creo que ningún gobierno democrático pretenda acarrear problemas a sus pueblos indígenas. Los peor que pueden hacer [los órganos de derechos humanos] es agravar la cuestión, tratándolos [a los pueblos indígenas] como víctimas, como víctimas de dictaduras”: José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, BBC Brasil, 4 de mayo de 2011.

“Quieran o no quieran vamos a construir ese camino [que atraviesa territorio indígena]”: Evo Morales, presidente de Bolivia, La Razón, 30 de junio de 2011.

Lo que precede sirve para ilustrar la forma en que algunos presidentes y líderes regionales americanos, de todo el espectro político, hablan de los derechos y de la lucha de los pueblos indígenas. La falsa y peligrosa dicotomía entre desarrollo y derechos de los pueblos indígenas es habitual en el continente.

Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son, por tanto, favorables a los intereses nacionales, no deben verse “obstruidos” por los pueblos indígenas, que son “sólo” una pequeña parte de la población. En consecuencia, cuando las comunidades indígenas se organizan para pedir que se respeten sus derechos, el Estado y otros agentes las acusan de bloquear el crecimiento de todo el país.

Este tipo de respuesta tiene consecuencias demoledoras sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región. Como ponen de manifiesto los casos documentados por Amnistía Internacional en la región, frecuentemente al aprobar leyes y poner en marcha proyectos no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Estos casos son sólo la punta del iceberg de lo que constituye una tendencia regional. (Véanse los ejemplos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Pánama y Perú)

Habría sido posible evitar violaciones de derechos humanos, conflictos sociales y, en ocasiones, incluso enfrentamientos violentos entre los pueblos indígenas y las fuerzas de seguridad si los Estados se hubieran ceñido a su obligación de celebrar consultas antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo. Además, los líderes indígenas y las personas pertenecientes a esas comunidades se enfrentan a procesos penales por cargos que se diría desproporcionados y que parecen responder a motivos políticos. (Véanse los ejemplos de Ecuador, México y Perú)

Es más, en muchos países los pueblos indígenas siguen encontrando numerosos obstáculos cuando piden que se reconozcan legalmente sus derechos sobre sus tierras ancestrales. En muchos países, funcionarios estatales los desalojan por la fuerza o los amenazan continuamente con desalojarlos. (Véanse los ejemplos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay)

Líderes indígenas y miembros de comunidades a menudo son víctimas de amenazas, intimidación y, en ocasiones, homicidio en conflictos relacionados con sus tierras. Estos conflictos usualmente involucran tanto a actores estatales como no estatales. Estos últimos están frecuentemente interesados en las tierras de los pueblos indígenas para dedicarlas a iniciativas comerciales.

Las violaciones de derechos descritas son consecuencia de una arraigada actitud discriminatoria hacia los pueblos indígenas de América y de rechazo a su peculiar modo de ser, de ver el mundo y de comportarse que los actuales Estados democráticos han heredado de la historia y no han sabido neutralizar. Además de los problemas mencionados, las mujeres indígenas sufren actos de violencia de género, que con frecuencia quedan impunes. (Véanse los casos de Canadá, Estados Unidos y México)

Amnistía Internacional considera que el desarrollo económico no puede entenderse como un juego de suma cero, en el que es necesario sacrificar los derechos de los pueblos indígenas, puesto que esa concepción socavaría el principio de universalidad de los derechos. Las normas de derechos humanos garantizan el derecho de los pueblos indígenas a participar sin discriminación en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus territorios. Estas normas han sido concebidas para superar siglos de marginación y discriminación que han condenado a los pueblos indígenas a posiciones de vulnerabilidad, en las que se toman decisiones que les afectan profundamente (amenazando incluso la supervivencia física o cultural de algunos pueblos) sin contar con ellos.

En este contexto, los pueblos indígenas de la región se han organizado cada vez más para defender sus derechos, y en la actualidad están liderando una lucha por sus derechos y por la igualdad. Los tribunales de toda la región y los órganos intergubernamentales internacionales y regionales están reconociendo, cada vez en mayor medida, los derechos de los pueblos indígenas.

Por ejemplo, este año las comunidades indígenas mapuche de Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales han logrado que los tribunales fallen a su favor en Argentina. En ambos casos, los jueces ordenaron detener proyecto extractivos de empresas petroleras y mineras mientras no se consultara a las comunidades en cuestión. Asimismo este año, la Corte Suprema de Chile pidió que, de conformidad con las normas internacionales, se consultara a los pueblos indígenas antes de implantar una nueva planificación territorial que habría afectado a los pueblos indígenas de San Pedro de Atacama. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia ha dictado sentencia en casos interpuestos por comunidades afrodescendientes e indígenas, reafirmando el derecho al consentimiento informado cuando se considere que los proyectos económicos repercutirán considerablemente en los derechos territoriales o culturales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es reconocida ya en toda la región desde que Canadá y Estados Unidos, que votaron inicialmente en contra, la suscribieron en 2010.

En el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Amnistía Internacional desea resaltar algunos de los casos documentados en la región, que ponen de manifiesto la situación de numerosas comunidades, así como la dignidad y la determinación con las que éstas defienden sus derechos. (Ver la sección de información adicional al final de este informe)

En lugar de hablar en nombre de los pueblos indígenas, lo que Amnistía Internacional se propone es proyectar sus voces por medio de casos y testimonios recogidos en el desarrollo de nuestro trabajo con los pueblos indígenas de América.

Amnistía Internacional insta a los líderes de la región a emprender acciones firmes y urgentes para cumplir su obligación de defender y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En concreto, los gobiernos deben, en colaboración con los pueblos indígenas:

1. Promulgar leyes para hacer efectivo el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con las normas internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos.

2. Abstenerse de otorgar concesiones, de autorizar actividades de prospección y explotación y de llevar a cabo cualquier otro proyecto de desarrollo que pueda afectar a los pueblos indígenas sin una consulta adecuada, en consonancia con las normas internacionales e interamericanas.

3. Tomar medidas urgentes para resolver las disputas existentes sobre la tierra y abstenerse de desalojar a los pueblos indígenas mientras estas no se hayan resuelto.

4. Crear y mantener las condiciones necesarias para que los líderes indígenas y los miembros de las comunidades defiendan pacíficamente sus derechos sin temor a represalias, para lo que, entre otras medidas, es imprescindible evitar el uso del sistema de justicia penal con el fin de disuadirlos de su trabajo como defensores y defensoras de los derechos humanos.

5. Tomar medidas con la diligencia debida para proteger a las mujeres indígenas de la violencia, y para enjuiciar y castigar a los responsables de esos abusos.

Argentina

Muchos pueblos indígenas corren aún peligro de ser desalojados por la fuerza de sus tierras ancestrales, aunque la legislación nacional ha suspendido ese tipo de desalojos hasta 2013. En 2009 y 2010, se desalojó de sus hogares a integrantes de la Comunidad India Quilmes, en la provincia de Tucumán, y en abril de 2011 la policía trató de nuevo de desalojarlos. En el marco de una campaña para disuadirlos de reivindicar el acceso a sus territorios ancestrales, varios líderes indígenas de comunidades cercanas han sufrido amenazas y uno de ellos ha muerto víctima de homicidio.

En noviembre de 2010, 400 agentes de policía dispersaron violentamente una manifestación de la comunidad indígena toba qom, de la provincia de Formosa. Los manifestantes habían bloqueado una carretera para protestar por el proyecto de construcción de una universidad en sus tierras ancestrales. La policía también prendió fuego a las viviendas temporales de la comunidad, que quedaron reducidas a ceniza. En los enfrentamientos, perdieron la vida al menos un agente de policía y una persona de la comunidad. En la misma provincia, la comunidad indígena pilagá de El Descanso continúa su lucha por las justicia en relación con proyectos de desarrollo que se realizaron sin haberles consultado y que, según afirman los pueblos indígenas, afectaron a sus territorios tradicionales. Amnistía Internacional documentó amenazas e intimidación contra miembros de estas comunidades y contra sus representantes legales.

Brasil

El 1 de junio de 2011, el organismo brasileño de medioambiente aprobó la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía. Con esta decisión se contravenía la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender la construcción de la presa de Belo Monte mientras no se garantizaran plenamente los derechos de las comunidades indígenas locales. Las organizaciones indígenas y las ONG locales sostienen que la presa podría desplazar a miles de familias y amenazar el medio de vida y la salud de numerosas comunidades indígenas del estado de Pará. La Comisión Interamericana ordenó la suspensión de la presa hasta que se realizara una consulta completa y efectiva con las comunidades indígenas –lo que incluía darles acceso a una evaluación en su lengua del impacto medioambiental y social del proyecto– y se hubieran tomado medidas para proteger la existencia de las comunidades indígenas que viven en aislamiento voluntario.

Los pueblos indígenas que luchan por los derechos a sus tierras ancestrales, consagrados en la Constitución, continúan sufriendo discriminación, amenazas y violencia. La situación es especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul, donde las comunidades guaraníes kaiowá son constantemente perseguidas por sicarios a sueldo de terratenientes locales. Pese a los esfuerzos de los fiscales federales por acelerar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, el proceso sigue paralizado.

“Sufrimos demasiado con tanta violencia en y contra nuestras comunidades […]. No pedimos, exigimos derechos: la demarcación de nuestras tierras con urgencia para que podamos volver a vivir en paz, con felicidad y dignidad”. (Carta abierta de los guaraníes kaiowá al entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva)

Canadá

Pese al elevado nivel de vida del que, en general, gozan la mayoría de los canadienses, los pueblos indígenas experimentan empobrecimiento y privaciones generalizados. Un estudio del gobierno efectuado en 2010 concluyó que, en el caso de algunas comunidades indígenas, la desigualdad en términos de educación, trabajo, ingresos y vivienda está aumentando. Se calcula que 20.000 personas pertenecientes a las Primeras Naciones de Canadá carecen de agua corriente y alcantarillado.

Una comisión parlamentaria ha pedido un plan de acción exhaustivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Las mujeres indígenas de Canadá tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de morir a causa de actos violentos. En el mejor de los casos, se podría decir que la respuesta del gobierno ha sido poco sistemática. Por su parte, la policía no tiene ni siquiera la obligación de dejar siempre constancia de la pertenencia o no de la víctima a etnias indígenas.

“El hecho de no estar al tanto del número de hermanas e hijas nuestras asesinadas o desaparecidas no es más que otra forma de desentenderse de esta tragedia”. (Gwenda Yuzicappi, cuya hermana de 19 años, Amber Redman, fue asesinada en Saskatchewan en 2005)

El 29 de abril de 2011, 4,5 millones de litros de crudo procedentes de un oleoducto inundaron los humedales del territorio tradicional de los cree del lago Lubicon, en el norte de la región de Alberta. El gobierno local lleva decenios autorizando enormes proyectos petroleros y gasísticos en las tierras de esa comunidad sin tomar medidas de peso para proteger su cultura, su salud y sus medios de subsistencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la actualidad está estudiando una denuncia presentada por el Grupo de Tratado de Hul’qumi’num, de la isla de Vancouver, ha concluido que los instrumentos disponibles para resolver disputas sobre derechos a la tierra no constituyen recursos efectivos para proteger dichos derechos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe núm. 105/09, Petición 592-07, Admisibilidad, Grupo de Tratado Hul’qumi’num, Canadá, 30 de octubre de 2009)

En noviembre de 2010, Canadá suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras lo cual las organizaciones indígenas han instado al gobierno a aplicar la Declaración de forma rigurosa.

Chile

Los pueblos indígenas de Chile continúan luchando por sus derechos a territorios y a recursos naturales. Se ha denunciado en varias ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas de pueblos indígenas en favor de reivindicaciones territoriales, y muchas personas han sido enjuiciadas por participar en ellas. Expertos y organismos de la ONU han criticado el contenido y el empleo de la legislación antiterrorista, a la que se ha recurrido con frecuencia para procesar a los mapuches que han participado en manifestaciones, incluidos, al menos, cinco menores de edad.

Las personas mapuches recluidas en prisión denuncian a menudo violaciones del debido proceso y juicios discriminatorios. Cuatro hombres de origen mapuche se declararon en huelga de hambre durante tres meses este año. Héctor Laitul Carrillanaca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Henuche Reimán y Jonathan Huillical Méndez afirman haber sido sometidos a un juicio injusto, al habérseles aplicado determinados procedimientos establecidos en la legislación antiterrorista. Aunque la Corte Suprema les ha reducido la pena, ese mismo tribunal ha desestimado su petición de celebración de un nuevo juicio.

En 2010, los grupos indígenas de Rapa Nui (isla de Pascua) protestaron por la continua ausencia de medidas por parte de las autoridades para devolverles sus tierras tradicionales. El gobierno estableció grupos de trabajo para debatir sus motivos de preocupación en septiembre, pero muchos miembros de clanes pusieron objeciones a las condiciones del debate. En diciembre, más de 20 personas resultaron heridas en enfrentamientos violentos entre agentes de seguridad y miembros de clanes que ocupaban edificios y tierras. Posteriormente, los tribunales militares abrieron una investigación sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que, por otro lado, se van a presentar cargos contra los Rapa Nui por su participación en las protestas.

Colombia

La persistente crisis de derechos humanos que sufre Colombia golpea con especial dureza a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que son víctimas de homicidios, amenazas y otros abusos y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las fuerzas de la guerrilla. Por un lado se cometen abusos y violaciones de derechos humanos en operaciones destinadas a garantizar el control militar de ciertas regiones. Por otro, se cometen nuevamente violaciones y abusos con el fin de favorecer poderosos intereses económicos y menoscabar la capacidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de oponerse al desarrollo de dichos intereses en sus tierras.

Para las comunidades indígenas y afrodescencientes, los desplazamientos forzados y los actos de las partes en conflicto han agravado la de por sí gravísima crisis socioeconómica que sufren. Las restricciones a la libertad de circulación que impone el conflicto están teniendo efectos catastróficos para los pueblos indígenas.

Pese a las amenazas que reciben, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se han organizado a escala regional y nacional para hacer campaña por sus derechos humanos. En 2010, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lanzó una campaña sobre la crisis de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas y sobre los grupos indígenas más vulnerables.

“Hemos conseguido el compromiso del gobierno de avanzar en la construcción de una política de Estado para pueblos indígenas elaborada en concertación con los pueblos indígenas; hemos asegurado unidad entre los pueblos indígenas y hemos puesto el tema de pueblos indígenas en riesgo de extinción sobre la agenda”. (Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC)

En enero de 2009, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo que ponía de relieve la situación de los pueblos indígenas cuya supervivencia cultural y física estaba en peligro, ya sea por la desubicación causada por el desplazamiento y la dispersión o como resultado directo de muerte natural o violenta de sus integrantes.

Ecuador

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku lleva desde 2002 luchando por su derecho a ser consultado con respecto a los proyectos extractivos que se emprendan en su territorio ancestral. En 1996, el Estado autorizó a una empresa petrolera para realizar tareas de prospección de petróleo en sus tierras ancestrales sin su consentimiento. Con este fin, los ingenieros detonaron explosiones en 2002 y 2003. Desde entonces, aún quedan 1.400 kilogramos de dinamita en el subsuelo del territorio de Sarayaku. El 6 y el 7 de julio de 2011, integrantes de la comunidad, junto con sus representantes legales de la Fundación Pachamama y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que ese tribunal dicte sentencia a finales de año.

“Si quieren hacer una actividad tan dañina, queremos ser consultados y si les decimos que no, que nos respeten”. (Patricia Gualinga, perteneciente a la comunidad sarayaku, en declaraciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

El gobierno ha iniciado este año un proceso de concurso para la posible adjudicación de proyectos extractivos en áreas indígenas. No está claro hasta qué punto se ha consultado adecuadamente a las comunidades indígenas al respecto.

Decenas de líderes indígenas y de personas pertenecientes a esas comunidades han denunciado haber sufrido acoso estatal a través del sistema judicial, mientras que las autoridades han emprendido procesos penales contra muchos de ellos por presuntos delitos cometidos durante manifestaciones populares contra industrias extractivas. Los pueblos indígenas han estado denunciando que estos procesos constituyen un intento para reprimir la libertad de expresión y asociación y para impedir que los mencionados líderes prosigan su trabajo de defensa de los derechos indígenas.

Por ejemplo, en junio de 2010, se abrieron investigaciones por terrorismo y sabotaje contra dos líderes indígenas: Marlon Santi, ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Delfín Tenesaca, líder de la Confederación Kichwa del Ecuador. Dicha investigación se relacionó con su participación en una manifestación celebrada en Otavalo para protestar por la exclusión del movimiento indígena en la cumbre de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Según la información recibida por Amnistía Internacional, no se han presentado pruebas de su participación en actos delictivos durante la manifestación, de lo que cabe deducir que los cargos de terrorismo y sabotaje a los que se enfrentan podrían deberse al hecho de haber encabezado un acto de protesta.

Guatemala

En junio de 2011, el general retirado Héctor Mario López Fuentes, de 81 años, fue detenido y acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por su implicación en las masacres de comunidades indígenas cometidas hace casi 30 años. Al parecer, las fuerzas de seguridad guatemaltecas a sus órdenes mataron a unos 317 indígenas mayas en el denominado Triángulo Ixil, en la región de El Quiché del altiplano occidental guatemalteco. Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU estableció que las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las fuerzas armadas en el Triángulo Ixil, con 32 matanzas de indígenas maya-ixil, constituían actos de genocidio.

“Como sobrevivientes del conflicto armado interno, exigimos justicia contra los responsables del genocidio que se cometió contra el pueblo maya-ixil, incluyendo Héctor Mario López Fuentes y otros que estaban en poder como Ríos Montt, Mejía Victores y otros altos mandos militares que se han fugado”. (Julia Cortez, representante legal de la Asociación para la Justicia y Reconciliación)

En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se suspendieran los trabajos de la mina de oro Marlin, en el departamento de San Marcos, dado que las comunidades mayas mam y sipakapense habían denunciado que estos habían comenzado sin su consentimiento libre, previo e informado, y que la actividad minera tenía graves consecuencias para sus vidas, su integridad personal, sus propiedades y el medio ambiente. En junio de 2011, el Estado declaró que no acataría la orden de la Comisión Interamericana de suspender las actividades en la mina, por lo que los trabajos continúan en la actualidad.

México

En abril de 2011, comunidades locales de campesinos e indígenas afectadas por el proyecto construcción de la presa hidroeléctrica de Parota, en el estado de Guerrero, ganaron un importante juicio. Los jueces resolvieron que la asamblea comunitaria organizada por el gobierno local para aprobar la expropiación de tierras había obrado al margen de la ley y que, por tanto, era ilegal. Las comunidades han pedido que se abandone el proyecto.

El Congreso mexicano está estudiando un proyecto de ley que podría recoger el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con respecto a proyectos de desarrollo que puedan afectarles. Por su parte, la ONU ha señalado que, en su forma actual, este proyecto de ley no reconoce adecuadamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Además, varias organizaciones de la sociedad civil han comunicado a Amnistía Internacional que el proyecto de ley no se ha consultado correctamente con el movimiento indígena.

Los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, siguen sufriendo violencia y discriminación en numerosas partes del país. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, pero hasta la fecha las autoridades no han aplicado las sentencias. Ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002 y, tras haber agotado las instancias judiciales del país, recurrieron a la Corte Interamericana para exigir verdad, justicia y reparación. Estos emblemáticos casos permanecen bajo jurisdicción militar, mientras que los perpetradores siguen en libertad y Valentina Rosendo e Inés Fernández continúan sin recibir reparaciones.

“Cuando yo empecé con mi lucha, nunca pensé en llegar hasta donde estoy ahorita. […] La esperanza que siempre he tenido es por mi hija. No quiero que le pase a mi hija lo mismo que me pasó a mí. Y por otras mujeres más, por eso estoy luchando, estoy buscando justicia”. (Valentina Rosendo)

Obtilia Eugenio Manuel, Raúl Hernández Abundio y otros líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) llevan años soportando una campaña de hostigamiento, intimidación y homicidios con la que se pretende hacerles abandonar su labor de promoción de los derechos indígenas en sus comunidades del estado de Guerrero.

Panamá

La construcción de la presa Chan-75, en la provincia de Bocas del Toro comenzó hace varios años, durante los cuales las autoridades locales han negociado con cientos de familias de las cercanas comunidades indígenas ngobe sobre su reasentamiento para poder anegar así sus tierras ancestrales. En septiembre de 2009, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señaló que la presa tenía “impactos significativos para las comunidades indígenas en el área del proyecto” y concluyó que ninguna de las comunidades había sido consultada adecuadamente, ni habían tenido la oportunidad de dar su consentimiento en relación con el reasentamiento.

Algunas de las familias que aún no se han reasentado afirman que la indemnización que les prometieron sólo se ha pagado en parte. La vida, la seguridad y el sustento de las familias que continúan en sus hogares pueden correr peligro. Según informes, la anegación comenzó en junio de 2011.

“El gobierno vendió toda la naturaleza y el río sin consultar con diferentes comunidades ngobe. Yo exijo al gobierno que den una garantía de vida, en educación, en vivienda, tanto para mis hijos que a todas las personas afectadas en el río Changuinola”. (Luis Abarco, miembro de la comunidad indígena ngobe de Charco de la Pava)

Paraguay

El derecho a las tierras ancestrales es crucial para los pueblos indígenas de Paraguay, y para los de cualquier otro país. Es un elemento vital de su sentido de la identidad, de su sustento y de su forma de vida. Sin embargo, según el último censo de pueblos indígenas, realizado en 2002, el 45 por ciento de los indígenas de Paraguay siguen sin tener la titularidad definitiva de sus tierras.

Las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, pertenecientes al grupo étnico indígena enxet, llevan años obligadas a residir en viviendas temporales, al borde de una carretera, y sin poder practicar sus actividades tradicionales de caza, pesca y recogida de miel, ya que su tierras ancestrales se encuentran en manos privadas. En 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay devolver dichas tierras a ambas comunidades en el plazo de tres años. No obstante, Paraguay no ha cumplido plenamente las órdenes del tribunal, y sigue sin hacer valer los derechos de estas comunidades.

“Nos va a perjudicar porque la condición de vida al costado de la ruta es muy dura. Vivimos mal, perdimos nuestro idioma, eso afecta principalmente a los niños. […] La ley está a favor de nosotros pero no cumplen… se conoce en papel nomás”. (José González, comunidad Sawhoyamaxa)

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de una tercera comunidad, la comunidad de Xákmok Kásek, al condenar la violación de los derechos indígenas y ordenar al Estado la devolución a esta comunidad de sus tierras ancestrales. En junio de 2011, tras 10 años de lucha, las autoridades accedieron a conceder seguridad de tenencia a la comunidad indígena de Kelyenmagategma, en Puerto Colón.

Perú

Para que sus derechos se hagan realidad, los grupos indígenas están inmersos en una campaña en favor de una ley que reconozca su derecho al consentimiento libre, previo e informado. En 2010, estuvieron a punto de conseguir la entrada en vigor de una ley de consulta, pero el ex presidente Alan García se negó a promulgarla. Por su parte, ese mismo año el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que instaba al gobierno a aprobar y aplicar dicha ley. Más recientemente, los pueblos indígenas han criticado varias medidas legislativas y administrativas relativas a actividades mineras y forestales, que a pesar de afectar a los derechos indígenas, no se les han consultado.

La ausencia sistemática de consultas de buena fe del Estado con los pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrollo que puedan afectar a sus derechos ha mermado la confianza de los indígenas en las autoridades. Asimismo, la falta de diálogo ha provocado con frecuencia enfrentamientos violentos entre los activistas y las fuerzas de seguridad. Los familiares de las personas que perdieron la vida en 2009 junto a la localidad de Bagua siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Un tribunal policial militar, ni independiente ni imparcial, condenó a tres miembros de las fuerzas de seguridad en marzo de 2011, pero estas sentencias podrían utilizarse para obstaculizar el proceso que se está siguiendo en la justicia ordinaria. Nadie ha sido condenado por los actos de violencia que tuvieron lugar entonces, incluidos homicidios de civiles y de agentes de policía. Según la Defensoría del Pueblo, han ocurrido enfrentamientos similares en otros lugares del país.

Por su parte, los activistas indígenas alegan que se han abierto procesos penales políticamente motivados como parte de una aparente campaña concebida para disuadirles de defender sus derechos y para restringir su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Estados Unidos de América

Los índices de violencia sexual perpetrada contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos han alcanzado proporciones de epidemia: más de una de cada tres mujeres indígenas será violada a lo largo de su vida, y casi el 86 por ciento de los perpetradores son hombres no indígenas.

En julio de 2010, el Congreso aprobó la histórica Ley de Orden Público en las Comunidades Tribales, para empezar a abordar así lo relativo a la seguridad pública en territorio indígena, y mejorar las oportunidades de las sobrevivientes de violencia sexual de que se haga justicia. Esta ley, aprobada en respuesta a los motivos de preocupación planteados por las organizaciones tribales, trata de mejorar la coordinación entre los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley, y da pasos encaminados a restaurar los recursos y la autoridad tribales.

“La Ley de Orden Público en las Comunidades Tribales ofrece un punto de partida para empoderar a los gobiernos tribales, de forma que estos emprendan una acción más directa en los casos de delitos violentos y hagan rendir cuentas a los perpetradores. La clave es el empoderamiento del personal tribal encargado de hacer cumplir la ley para que proteja a sus comunidades”. (Sarah Deer, integrante del Consejo Asesor de Asuntos Indígenas de Amnistía Internacional Estados Unidos)

En diciembre de 2010, el presidente anunció formalmente la muy esperada suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de Estados Unidos. En la actualidad, el Congreso está estudiando las implicaciones en materia de política interna que conllevan la aprobación y el cumplimiento de esta Declaración.

* Amnistía Internacional es un movimiento integrado por tres millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios.  Documento publicado originalmente en 2011 por Amnesty International Publications, www.amnesty.org Más información: www.amnesty.org/es/library

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