“Una muestra de ello es lo que ocurre en las industrias extractivas y la agricultura, donde las reformas no se dirigen a modificar las condiciones impuestas por el neoliberalismo, sino a consolidar el patrón de acumulación primario exportador”, señala el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Según el análisis de Arze, “en el sector de hidrocarburos, el control directo del 85% de las reservas está en manos de tres empresas operadoras transnacionales: Petrobras, Repsol y Total & EP. Asimismo, un 80 por ciento de la producción se halla bajo control de las empresas transnacionales, entre las que destaca Petrobras con el 63%, y sólo el 20% es controlada por YPFB mediante su asociación con empresas extranjeras en Andina y Chaco”.
“La minería muestra, por su parte, una concentración aún más llamativa, pues sólo la mina San Cristóbal, perteneciente a Sumitomo del Japón, era responsable del 70% del volumen de minerales producidos en el país en el 2009”.
“En la agricultura, por la persistencia de un modelo productivo exportador que alienta la concentración de la tierra y en ausencia de una verdadera reforma agraria que erradique el latifundio, la producción de productos industriales ocupa el 82,5% de la superficie cultivada y controla el 82,3% del volumen total de los alimentos producidos entre 2008 y 2009”, agrega.
El documento de Arze, denominado “El modelo económico del Gobierno: En la búsqueda del capitalismo andino”, señala textualmente lo siguiente:
EL MODELO ECONÓMICO DEL GOBIERNO
La mayor presencia estatal está dirigida sólo a promover la acumulación capitalista a cambio de mayores ingresos fiscales que financien políticas populistas que, aunque relegan la atención a la producción para el mercado interno, permiten sostener al régimen.
El llamado “modelo de economía plural” del actual Gobierno se basa en una concepción de la sociedad y la economía que no reconoce la existencia de clases sociales con intereses antagónicos, y que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente.
Al promulgar la nueva Constitución Política del Estado, Evo Morales declaró que se iniciaba el “socialismo comunitario”, cuyo sustento sería el modelo de “economía plural”, una simbiosis de las distintas formas de organización económica —privada, estatal, comunitaria y social-cooperativa— que se desarrollarían bajo principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad e igualdad. En él, el Estado garantizaría “la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales (…) y en la reinversión en desarrollo económico productivo”.
Basados en una lectura esencialmente culturalista, los teóricos del régimen proclaman la inclusión de algunas formas de representación política de los indígenas, como la forma de materializar el desarrollo pleno del “capitalismo andino-amazónico”, en el que las formas económicas subordinadas y subsumidas por el capital monopólico imperialista compiten con éste en igualdad de condiciones y desarrollan sus potencialidades dormidas, logrando el bienestar de todos los bolivianos.
Por ello propugnan la participación estatal en la economía en asociación con el capital transnacional y retoman la pretensión del nacionalismo del 52 de formar una nueva burguesía, aunque esta vez de rostro indígena. En palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, “hay la emergencia de un nuevo tipo de empresariado de origen, más popular, (…) con otra mentalidad, más austera, más clásica en el sentido weberiano (…). Hay esa nueva burguesía, digámoslo así, emergente, de actividades productivas artesanales y micro-empresariales (…). Al interior del Estado, el núcleo dirigente (…) se ubica en esta alianza entre núcleos de la clase media intelectual con núcleos de los pequeños productores”. Es decir, el apoyo estatal a los “microempresarios” debería culminar en la sustitución en el poder de una fracción burguesa por otra, pero no en la emancipación de los explotados; acabaría, precisamente, en lo opuesto al socialismo.
La utilización de uno u otro instrumental de política económica, o la mayor o menor intervención estatal —aún sea con rótulos de “nacionalización”— no pueden modificar la base de la acumulación capitalista, si no eliminan la propiedad capitalista de los medios de producción como fundamento de la explotación del trabajo. Por eso, más allá del discurso altisonante, los resultados económicos de los últimos cinco años, alcanzados gracias a las condiciones internacionales favorables, expresan la permanencia de la lógica neoliberal presente en la garantía y la promoción de la inversión transnacional, en la persistente orientación exportadora de la economía, y, principalmente, en la flexibilización del mercado laboral. El usufructo de los hidrocarburos, los minerales y la tierra, así como el alcance y orientación de las políticas sectoriales, continúa bajo control de los empresarios capitalistas, como lo han demostrado el frustrado “gasolinazo” —justificado por la necesidad de otorgar mayores ganancias a las petroleras e incentivar la producción de combustibles— y la crisis de la inflación de los alimentos, que reponen en el propio discurso oficial el paradigma liberal de la “nivelación de precios”.
Todo ello revela la orientación limitadamente reformista del Gobierno y la debilidad e incoherencia ideológica de su planteamiento de “economía plural”. Y es que la contradicción entre la superación del patrón de acumulación capitalista primario exportador y la utópica economía plural reside en las características propias del desarrollo del sistema: la concentración y centralización resultantes de la competencia, que impide la convivencia —si no es de forma subordinada— de los intereses económicos de los pequeños productores con los de las transnacionales.
En conclusión, la mayor presencia estatal está dirigida sólo a promover la acumulación capitalista a cambio de mayores ingresos fiscales que financien políticas populistas que, aunque relegan la atención a la producción para el mercado interno, permiten sostener al régimen. En esa dirección, las políticas económicas perseverarán en el logro de la estabilidad de precios y el impulso de la exportación primaria, como condiciones para la acumulación del capital, por lo que los impactos sociales seguirán siendo elevados niveles de desempleo abierto, de pobreza y de gran desigualdad en la distribución de los ingresos.
